La Universidade de Vigo dispone desde ayer, 9 de junio, de una nueva normativa de contratación del personal investigador, después que así lo aprobaran por asentimiento los miembros del Consejo de Gobierno que ayer participaron en la sesión extraordinaria, que se celebró en el paraninfo del edificio Ernestina Otero y también a través de Campus Remoto. Se trata, en palabras de la vicerrectora en funciones de Investigación, Transferencia e Innovación, Belén Rubio, “de una nueva normativa viva y abierta a aportaciones de la comunidad universitaria”, que deroga las dos últimas normativas que estaban en vigor hasta lo de ahora y que tiene los objetivos, por una parte, de establecer los procedimientos precisos para que la selección de personal se ajuste a lo establecido en el sello europeo HRS4R, cumpliendo los criterios OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) y, por otro lado, ajustar los procedimientos a la normativa laboral, acorde con las leyes existentes y con los Estatutos de la UVigo.
Este fue el punto más destacable de la orden del día de la sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno celebrada el mediodía de ayer, que comenzó con una intervención del rector en funciones, en la que, a raíz de un escrito del colectivo Nós-Universidade solicitando la retirada de varios puntos de la orden del día al encontrarse el equipo de gobierno en funciones, Reigosa justificó la urgencia de aprobar la normativa, así como la legitimidad del equipo de gobierno para llevar al órgano de gobierno las cuestiones que ayer se trataron. Tras disculparse porque la normativa de contratación del personal investigador no se negociase en la mesa del PDI, “al existir razones de urgencia para hacerlo”, dijo Reigosa en referencia a los 70 investigadores que el 30 de junio terminan su contrato, el rector en funciones, aseguró que desde el punto de vista legal no existían “atrancos” para la celebración del Consejo y que se siente “legitimado y lo que traemos aquí es lo correcto”.
Aunque la normativa de contratación ocupó buena parte de la sesión, los miembros del Consejo de Gobierno también aprobaron ayer por asentimiento otras cuestiones como las solicitudes de nombramiento como profesor emérito del catedrático del Departamento de Física Aplicada, José Luis Legido Soto, y las prórrogas durante otros dos cursos académicos de los ya eméritos Jesús de Juana López, catedrático del Departamento de Historia, Arte y Geografía y Manuel Varela Lafuente, catedrático del Departamento de Economía Aplicada. En el ámbito del profesorado, en la sesión se aprobó la solicitud de prórroga de la comisión de servicios de la profesora de Derecho Penal Mª Inmaculada Valeije en la Universidad de Santiago de Compostela y el procedimiento para la transformación de los contratos de profesorado ayudante doctor a profesorado contratado doctor interino. También se dio el visto bueno a dos nuevos títulos propios, los másteres de formación permanente Negocio Digital y de formación permanente en Auditoría y Contabilidad.
Nueva normativa de contratación de personal de investigación de la UVigo
De la normativa aprobada ayer, la vicerrectora de Investigación, Transferencia e Innovación en funciones, Belén Rubio, destacó en su intervención ante el Consejo de Gobierno la existencia de una nueva estructura, la Unidad de Contratación de Personal Investigador (UCPI), que será la que gestione la contratación del personal investigador y todas las convocatorias, ya que “hasta ahora se estaba haciendo de una manera desordenada, mandándose a través de correos electrónicos, y ahora se van a juntar en convocatorias únicas, que van a ser colgadas en el tablero, en la web y también en el caso del personal investigador serán publicadas en Euraxess, para cumplir los criterios que exige la UE y el mantenimiento del sello europeo HRS4R”, explica Rubio..
En la normativa aprobada ayer, destaco la vicerrectora en funciones, aparecen todas las figuras de contrataciones que se pueden utilizar, siete en total, y que no se estaban usando al existir hasta hace unos meses la posibilidad de contratar por obra y servicio. “Al desaparecer esta modalidad decidimos que era bueno emplear otras figuras que existían en la Ley de la Ciencia y que hasta ahora no usábamos, como el contratado predoctoral o postdoctoral y ahora todas estas se podrán emplear con dinero de proyectos, convenios, etc. Es decir, regula todas las posibles fuentes de financiación para esos contratos de personal investigados y de personal técnico de apoyo a la investigación” señala Rubio. La vicerrectora en funciones también destacó que la normativa incluye transitorias para todas las personas que fueron contratadas entre el 30 de diciembre, que salió la reforma laboral, y el 30 de marzo, que terminaba el período para contratar ese personal. “Con estas transitorias se permite que los investigadores principales que lo deseen puedan transformar esos contratos a indefinidos, siempre y cuando cumplan dos condiciones: que tenga dinero en distintas partidas y que esos contratos iniciales fueran publicados, bien en la web o bien con un sistema competitivo y abierto”. Belén Rubio destacó que esta transitoria impedirá que finalicen repentinamente sus contratos o que tengan que esperar a que se vuelvan a convocar y vuelvan a salir. En el caso de que los IPs no tengan presupuesto o no quieran continuar, pueden acogerse a alguna de las siete modalidades de contrato existentes, alguno de ellos nuevo, como el contrato de actividades científicas técnicas, que va ligado a líneas de investigación, en lugar de a proyectos. “Realmente supone un cambio, en la filosofía que estábamos acostumbrados los investigadores al realizar los contratos por obra y servicio y de repente es un cambio radical, mismo en la manera de gestionarlo desde el punto de vista económico”, explica Rubio.
En la ronda de intervenciones, Rebeca Díaz, Pedro Carro, Antonio Collazo y Marta Pazos trasladaron sus dudas y reticencias en relación a algunos aspectos de la normativa, como la forma en la que se establecen los niveles de formación, el concepto de línea de investigación o la ausencia de los representantes sindicales del PDI en el proceso de negociación. Por su parte, tanto la vicerrectora de Investigación en funciones como Reigosa insistieron en sus intervenciones en que esta es una normativa abierta y que una vez que se constituya el gobierno, se llevará a la mesa de negociación en la que se mostraron convencidos de que se producirán modificaciones que volverían a un nuevo Consejo de Gobierno. De hecho, la vicerrectora en funciones confirmó que en las últimas horas se producirán en la mesa de negociación tres modificaciones al texto original que ya se incorporaron y aprobaron en la normativa sacada ayer.
Prórrogas de contratos de investigadores afectados por el confinamiento y solicitudes de los centros de investigación
También en el ámbito de la investigación, los miembros del Consejo aprobaron ayer por asentimiento prorrogar los contratos de todos los investigadores y todas las investigadoras predoctorales y postdoctorales que se vieron afectados por le confinamiento de marzo a mayo de 2020, situación que impidió o dificultó el desarrollo apropiado de sus investigaciones, incluyendo los predoctorales de 2019 y los de retención de 2018, debido a que por culpa del covid sufrieron un retraso en la evaluación de la certificación I3.
Otros dos puntos aprobados ayer por el Consejo del Gobierno fue el de presentar las solicitudes de los centros de investigación de la UVigo, CIM, Cinbio y AtlanTTic, según establece el Orden de la Consejería de Cultura, Educación y Universidades de 26 de marzo de 2021, que regula el procedimiento de aprobación de centros e institutos de investigación del SUG. Centros Cigus (Centros de Investigación del Sistema Universitario Gallego) en la UVigo hay 3 CIM, Cinbio y AtlanTTic, pero no están aprobados por la Xunta de Galicia como centros. “No teníamos un registro claro de aprobación como centro y ahora lo que nos pide la Xunta es que los quieren incorporar al registro de centros, de unidades de I+D+i del SUG y tenemos que hacer el paso conforme al marco normativo el artículo 19.2 de la ley 6/2013 del 13 de junio. Estos centros están acreditados y tienen financiación, pero no hicieron el primer paso de aprobación de las unidades de I+D+i del SUG, y ahora para regularizar la situación presentamos la solicitud que tiene que autorizar además del Consejo de Gobierno, el consejo Social y Asesoría Jurídica”, detalla Rubio.
Nuevos eméritos y títulos y transformación de contratos de profesorado
El Consejo aprobó también en esta sesión la solicitud de nombramiento como profesor emérito del Departamento de Física Aplicada, el catedrático José Legido Soto y las prórrogas durante otros dos cursos académicos de los ya eméritos Jesús de Juana López, catedrático del Departamento de Historia, Arte y Geografía y Manuel Varela Lafuente, catedrático del Departamento de Economía Aplicada. Con la aprobación de estas tres solicitudes, la UVigo suma cinco eméritos, de los cuales dos terminarán en el año 2024. “Un docente o una docente para ser emérito en la UVigo deberá justificar los requisitos que garantizan la relevancia de los servicios prestados: estar en situación de servicio activo, ser PDI de carácter permanente a tiempo completo y tener la acreditación a catedrático de universidad, prestar servicios en la universidad pública durante un mínimo de 30 años de los que por los menos los 20 últimos fuesen prestados en servicio activo a tiempo completo en la UVigo, cumplir la edad de jubilación obligatoria durante el curso en el que se solicita la contratación como profesorado emérito y tener concedidos por la CNEAI seis sexenios”, enumera Alfonso Lago, vicerrector del Profesorado, Docencia y Titulaciones en funciones.
En el ámbito del profesorado, en la sesión también se aprobó la solicitud de prórroga de la Comisión de Servicios de la profesora de Derecho Penal, Mª Inmaculada Valeije en la Universidad de Santiago de Compostela y el procedimiento para la transformación de los contratos de profesorado ayudante doctor a profesorado contratado doctor interino. Esta transformación permite dar continuidad a la carrera docente del personal de la Universidad que ocupa plaza de ayudante doctor, una vez termina el período de su contrato laboral de cinco años máximo. “Para el curso 2022/23, el número de solicitudes máximo estará entre el 10 o 11, dependiendo del número final del total de solicitudes recibidas”, detalla Alfonso Lago.
Así mismo, el Consejo de Gobierno dio el visto bueno a dos nuevos títulos propios, los másteres de formación permanente en Negocio Digital y de formación permanente en Auditoría y Contabilidad, Estas dos titulaciones , que hasta ahora se venían impartiendo como cursos de especialista, se estrenará el próximo curso 2022-23.
Fuente: DUVI
